1. La respuesta que el Presidente Piñera dio a las demandas de los
estudiantes en la reunión que sostuvieran el sábado pasado en La Moneda
son en la práctica una reiteración de las insatisfactorias 21 medidas
que el Ministro de Educación anunciara hace algunos días, ya que ellas
no atacan los pilares fundamentales de un sistema de educación clasista y
de deficiente calidad.
2. Esto ocurre porque el Presidente insiste en la concepción de que la educación es un “bien de consumo” que debe ser regulado por el mercado, en contraposición a lo que exigen los estudiantes de consagrar la educación como un “derecho” que, como tal, debe ser garantizado por el Estado. Por supuesto que los estudiantes desean una educación de calidad, pero antes que todo exigen igualdad en el acceso a la educación. Educación sin igualdad es sólo educación de calidad para los ricos y educación deficiente para los pobres.
3. El punto central es que el gobierno insiste en su visión de la educación como un negocio y, peor aún, que se haga negocio privado con recursos públicos. Impedir, prohibir, rechazar que se lucre con la educación en general y especialmente cuando reciben financiamiento del Estado, en nada se contrapone a la libertad de enseñanza. Es inaceptable el lucro con recursos públicos, como lo ha planteado hasta la Senadora Lily Perez de RN. El Presidente ha rechazado esta exigencia fundamental y, por ello, todas las propuestas que hace que pueden considerarse más o menos aceptables y discutibles, no resuelven este aspecto esencial y por lo mismo no apuntan a la necesaria transformación estructural de nuestro sistema educacional.
4. Trabajar en torno a estas propuestas del Gobierno en “mesas de diálogo” sólo tiene sentido si se despeja esta cuestión central. Por eso proponemos que, si el Presidente se niega a rechazar el lucro en educación, sobretodo con dineros públicos, sean los chilenos quienes diriman este conflicto convocando a un plebiscito vinculante.
5. Son varios los constitucionalistas que sostienen que la Constitución posibilita destrabar una controversia política esencial a través de una convocatoria a plebiscito hecha por el Presidente y aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados. De no ser así, está siempre la posibilidad de que el Gobierno impulse una reforma constitucional que lo permita.
6. Por lo tanto, a las propuestas del Presidente hechas en la reunión del sábado pasado en La Moneda, el movimiento estudiantil responde diciendo estar dispuesto a integrar las mesas de trabajo que el Gobierno propone, deponer las movilizaciones y retornar a clases una vez que el Presidente se comprometa formalmente a convocar a un plebiscito para que los chilenos decidan si aceptan o no introducir una norma constitucional que, dentro de un plazo razonable, prohíba al Estado entregar directa o indirectamente recursos financieros a empresas educacionales que persigan fines de lucro. Este plebiscito podría realizarse en paralelo con las próximas elecciones municipales.
2. Esto ocurre porque el Presidente insiste en la concepción de que la educación es un “bien de consumo” que debe ser regulado por el mercado, en contraposición a lo que exigen los estudiantes de consagrar la educación como un “derecho” que, como tal, debe ser garantizado por el Estado. Por supuesto que los estudiantes desean una educación de calidad, pero antes que todo exigen igualdad en el acceso a la educación. Educación sin igualdad es sólo educación de calidad para los ricos y educación deficiente para los pobres.
3. El punto central es que el gobierno insiste en su visión de la educación como un negocio y, peor aún, que se haga negocio privado con recursos públicos. Impedir, prohibir, rechazar que se lucre con la educación en general y especialmente cuando reciben financiamiento del Estado, en nada se contrapone a la libertad de enseñanza. Es inaceptable el lucro con recursos públicos, como lo ha planteado hasta la Senadora Lily Perez de RN. El Presidente ha rechazado esta exigencia fundamental y, por ello, todas las propuestas que hace que pueden considerarse más o menos aceptables y discutibles, no resuelven este aspecto esencial y por lo mismo no apuntan a la necesaria transformación estructural de nuestro sistema educacional.
4. Trabajar en torno a estas propuestas del Gobierno en “mesas de diálogo” sólo tiene sentido si se despeja esta cuestión central. Por eso proponemos que, si el Presidente se niega a rechazar el lucro en educación, sobretodo con dineros públicos, sean los chilenos quienes diriman este conflicto convocando a un plebiscito vinculante.
5. Son varios los constitucionalistas que sostienen que la Constitución posibilita destrabar una controversia política esencial a través de una convocatoria a plebiscito hecha por el Presidente y aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados. De no ser así, está siempre la posibilidad de que el Gobierno impulse una reforma constitucional que lo permita.
6. Por lo tanto, a las propuestas del Presidente hechas en la reunión del sábado pasado en La Moneda, el movimiento estudiantil responde diciendo estar dispuesto a integrar las mesas de trabajo que el Gobierno propone, deponer las movilizaciones y retornar a clases una vez que el Presidente se comprometa formalmente a convocar a un plebiscito para que los chilenos decidan si aceptan o no introducir una norma constitucional que, dentro de un plazo razonable, prohíba al Estado entregar directa o indirectamente recursos financieros a empresas educacionales que persigan fines de lucro. Este plebiscito podría realizarse en paralelo con las próximas elecciones municipales.
Cristóbal Lagos
Secretario General de la FECH
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