AGRUPACIÓN EX PRESOS
POLÍTICOS DE CHILE
RESIDENTES EN ESTOCOLMO –SUECIA
VERDAD* JUSTICIA*
REPARACIÓN INTEGRRAL*
MEMORIA HISTÓRICA
Nuestra
Agrupación ha sido y es una permanente luchadora por Verdad, Justicia y
Reparación para las víctimas y familiars de las víctimas que provocó la
dictadura con la aplicación del terrorismo de estado durante 17 años en contra
de nuestro pueblo. También contribuimos a la construcción de la Memoria
Histórica de nuestro país y planteamos la necesidad de educar a toda nuestra
sociedad y en especial a las fuerzas armadas, en el conocimiento, respeto y
resguardo de los derechos humanos.
Nuestra
actividad la hemos desarrollado fuera de Chile, en Suecia, a donde fuimos
obligados a refugiarnos politicamente por la tiranía. La distancia y el estar
fuera de nuestro país, no nos ha desvinculado de él. Mantenemos en alto las
banderas de la democracia, la justicia social y la plena soberanía sobre
nuestros recursos naturals. Lo decimos sin soberbia, no nos hemos descomprometido
con esta noble causa que abrazamos en algún momento de nuestras vidas. Seguimos
con ansiedad y preocupación cada una de sus luchas, sobretodo las de estos
últimos meses que han despertado la admiración y reconocimiento del mundo
entero por su claridad de objetivos, por la unidad, audacia y creatividad
desplegada en movilizaciones, marchas, cacerolazos, paros, todos de caracter
nacional, que tienen a mal traer al gobierno de turno, al modelo economico y a
la institucionalidad aceptada de la dictadura.
En este
marco queremos referirnos, de manera extensa, a la situación que nos golpea
como ex prisioneros políticos y torturados, como luchadores por los derechos
humanos y, sobretodo,como sujetos politicos activos desde otras latitudes, lo
que no nos menoscaba, al contrario nos ha enriquecido conocer otras culturas y
sociedades con sus virtudes y miserias.
Veamos, la negación, la indiferencia,
la discriminación y la falta de voluntad política para el reconocimiento y una
oportuna, digna, justa y adecuada reparación de los prisioneros y torturados,
que sobrevivieron al terrorismo de estado practicado durante los 17 años de la
dictadura, es la secuencia de lo sufrido y que aplicaron los cuatro gobiernos
de la concertación al mayor o uno de los mayores grupos entre las víctimas
y que continúa con el actual gobierno de la derecha, como ha quedado de
manifiesto al conocerse, el “Informe y Nómina de Calificados por la
Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados
Políticos y Victimas de Prisión Política
y Tortura”.
La nómina consigna 30 casos de
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y de 9.795 calificados como
Prisioneros Políticos y Torturados, de un total aproximado de unos 32.000 que
solicitaron ser reconocidos en esta categoría de víctimas.
Estas cifras nos han impactado
tremendamente y, derechamente, dudamos de la forma de actuar de esta Comisión,
cuya composición criticamos severamente en su oprtunidad, dado que no daba
garantía de un trabajo acorde con la sensibilidad y magnitud humana, de la
tarea que se le encomendaba, lo que había quedado evidenciado cuando formaron
parte de la primera Comisión.Nacional de Sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech
En esta oprtunidad, nuevamente, se
excluyeron de su composición a la
Agrupación Nacional Histórica y Representativa de los Prisioneros Políticos y
Torturados, a la Agrupación de Familaires de Ejecutados Políticos (AFEP), a la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y a otras instituciones
de derechos humanos que gozan de gran prestigio y reconocimiento en Chile e
internacionalmente, por su seriedad y sensibilidad con que trabajan en el
ámbito de los Derechos Humanos.
Particularmante, hemos cuestionado
a la asistente social María Luisa
Sepúlveda, quien ha encabezado y ejecutado, a raja tabla, mezquinas políticas gubernamentales –austeras
y simbólicas como las calificó el ex president Ricardo Lagos- de todos los
gobiernos concertacionistas hasta el de derecha, donde parece sentirse muy
cómoda.
Sobre el resto de los integrantes, poco
podía esperarse, porque no basta tener gruesos curriculos profesionales y/o
académicos, sino que, a nuestro entender, lo repetimos, carecian de la
sensibilidad para comprender a fondo y cabalmente el drama y la tragedia de las
víctimas, en su gran mayoría de modestos sectores del pueblo y, además, por
representar visiones político-ideológicas muy lejanas a las de las víctimas del
terrorismo de estado, que se quiera o no, condicionarían un comportamiento objetivo
y justo. no teniendo ningún contrapeso a sus sesgadas decisions en la Comisión.
Lo anterior, a nuestro entender,
translucía un claro contenido clasista en la composición de la Comisión,
menospreciando a las agrupaciones y organizaciones que como victima nos hemos logrado la rica y potente
sabiduría popular de sus integrantes y
su acabado conocimiento y dominio en este tipo de violaciones a los derechos
humanos, dado que nosotros mismos fuimos prisioneros politicos y torturados. Es decir, faltaba la vision de las víctimas, pero
estaba la visión del estado o sus representantes que, lamentablemente, en
muchos y graves casos, ha estado de parte de los victimarios. Ejemplo
vergonzoso es el ocultamiento en estos informes de los asesinos y torturadores
consignados en los testimonies de las víctimas y/o familiares y, más deleznable
aún, es el secreto de sus nombres por cincuenta años decretado por el gobierno
del inefable ex Presidente Ricardo Lagos y que protegerá a estos autores de
crímenes de lesa humanidad, de por vida.
Por otra parte, no cabe duda, que con
en este gobierno de derecha, se acentuó en la Comisión, el criterio perverso
aplicado durante los gobiernos de la concertación, de reconocer el menor número
de víctimas por razones de presupuesto
fiscal. En efecto, tanto la
concertación como la derecha han sido y son
consecuentes con el perverso principio del modelo neoliberal de que “el
Estado no es buen asignador de recursos y solo el Mercado sabe hacerlo”. Queda
claro que los derechos humanos y las reparaciones a las víctimas que provoca
cuando éste Estado, administrado por ellos, los viola, no son esferas o mercancías rentable en las cuales
hay que inverter o reparar el daño causado, según sea el caso.
En estas circunstancias el estado no
podia ni puede gastar en las reparaciones integrales, dignas y suficientes para
las familias y/o víctimas que provocaron sus propios agentes al aplicar la
política terrorista y genocida que diseñó para torturar y exterminar a un grupo
humano de centenaries de miles de chilenas, chilenos y extranjeros de todas las
edades en nuestro país.
Basta recordar, una vez más que,
ninguna iniciativa sobre Reparación ha provenido de los gobiernos. Lo poco y
hasta humillante que se ha conseguido, ha sido gracias a la unidad,
organización, movilización y lucha más ardua de los familiares de las víctimas
en el caso de los ejecutados politicos y
detenidos desaparecidos y de las propias ´victimas en el caso de los
sobrevivientes del terrorismo de estado.
Tal vez pensaban en la solución
biológica de este molesto tema, dejar pasar el mayor tiempo posible, que se
fueran muriendo, muchos con graves secuelas de salud por la prisión y torturas
a que fueron sometidos. Lo mismo ha ocurrido con los exonerados políticos, con
los relegados, con los exiliados, con los retornados, con los que se les quitó
la nacionalidad chilena, con los que se les impidió a vivir en nuestro país,
etc., mientras más se demoran los
gobiernos serán muchos menos a los que
habrá que reparar, hacer justicia y develar la verdad de lo ocurrido y, ademas,
mejor para los victimarios que todos los que pueden reconocerlos, para
someterlos a procesos y condenarlos como se lo merecen, desaparecan por muerte.
Esta perversa y mercantilista
concepción del ser humano, de la vida y de la sociedad, hace que nuestro país
no cumpla con las obligaciones internacionales derivadas
de todos los intrumento internacionales suscritos y
ratificados sobre derechos humanos de las naciones unidas y del sistema
interamericano. Los gobiernos de la Concertación y el actual de la derecha -y
por supuesto la dictadura que causó la peor tragedia humana de nuestro país-
como administradores del Estado, han sido y son grandes transgresores de
Tratados, Conferencias, Convenciones, Convenios, Resoluciones, Sentencias de la
Corte Interamericana, etc., que han
conformado lo que hoy se denomina “Derecho Humanitario Internacional”, que tiene como fin proteger, ampliar, difundir
–y reparar cuando corresponda- los derechos más esenciales de las personas, como
el derecho a la vida y a la integridad física, como asimismo, los derechos
civiles y politicos; los económicos, sociales y culturales y los derechos
colectivos.
En cuanto a los derechos civiles y
politicos, fueron groseramente, violados para proteger un modelo económico
impuesto a terror y muerte por la dictadura. Se dictó una Constitución y una
institucionalidad antidemocrática, autoritaria y excluyente que no solo sostien
el modelo economico, sino que lo reproduce. Lo peor, es que esta obra siniestra
de la dictadura, no solo fue asumida por los Gobiernos de la Concertación, sino
que la embellecieron y perfeccionaron para desgracia de nuestro pueblo.
De aquí nace la legitimidad
de la protesta y la exigencia de estos días, por establecer el Plebiscito
Vinculante como un instrumento jurídico que permita dirimir los grandes
conflictos y temas país, como: que sistema politico, educacional, de salud, previsional
y, en definitive, una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva
Constitución y terminar con leyes reductoras de la democracia que marginan a
amplios sectores populares de la participación en la construcción del Chile que
queremos y necesitamos.
En relación a los derechos económicos,
sociales y culturales, el ardid ha sido tenebroso, siguiendo los dictados del
neoliberalismo, transformaron los derechos humanos, como la educación, la
salud, la prevision, etc., en necesidades humanas que deben ser satisfechas
como cualquiera otra mercancía por el Mercado, se trata de operadores y
especuladores que tienen nombres, apellidos, direcciones, empresas y una gruesa
billetera. O sea, las personas podrán
adquirir estas mercancías de acuerdo a su capacidad económica y podrán comprar,
como dijo Sebastián Piñera, esos “bienes de consumo” llamados educación, salud,
prevision,etc., para ricos si es rico, para pobres si es pobre. Queda
absolutamente claro que solo el estado puede satisfacer una educación pública
plena, gratuita y de calidad como lo exige el inédito y potente movimiento
nacional de protestas, movilizaciones, cacerolazos, tomas de establecimientos
educacionesl, huelgas de hambre, etc., de estudiantes, profesores, académicos,
funcionarios, apoderados y amplios sectores de trabajadores y del pueblo, que conmueve a la sociedad toda y
golpea en su esencia y hace crujir los cimientos de una de las columnas
vertebrales del modelo económico y
de la institucionalidad.
Sobre los derechos colectivos y las
violaciones históricas de ellos por parte del Estado, comprobamos que estas
continúan con más brutalidad y con más aberrantes recursos jurídicos, legales,
judiciales, policiales y penitenciarios
en contra de los pueblos originarios o indígenas, especialmente el pueblo
mapuche. que lucha por sus justas y ancestrales demandas. Los gobiernos de la
Concertación y de la derecha le han aplicado la ley antiterrorista, el doble
procesamiento, testigos anónimos encapuchados en su contra, etc, etc.. Además,
no respetan el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas.
También, en este ámbito estan las
exigencias de las Regiones para que no se dañe la calidad de vida de sus
habitants y el medio ambiente con autorizaciones de termoeléctrícas y/o hidro eléctrícas u otros proyectos
tremendamente depredadores de la naturaleza.
Reiteramos, que en este marco que hemos
descrito y analizado someramente, todo es posible, porque crea terreno fertil
para que esta Comisión calificadora emita el Informe en comento: 30 casos de
detenidos desaparecidos y 9.795 casos de prisioneros politicos y torturados
calificados –un 30%- de un total de aproximadamente 32.000 casos presentados.
Es decir 22.000 –un 70%- no lo fueron.
Dificil de creer que se presentaron
22.000 supuestas víctimas para obtener una pensión reparatoria que no le
corresponde. No somos ingenuos de que haya habido casos impropios, pero nuestra
duda es tremendamente razonable por la experiencia y los antecedents expuestos
en este documento.
Esta situación merece más que una
simple explicación, porque ha quedado en
evidencia el daño que causa el secretismo y la falta de transparencia en el
trabajo de la Comisión. Nadie sabe cuales fueron los criterios reales empleados
para que los comisionados se formaran la convicción de quienes fueron presos
politicos y/o torturados. Nada se dice, por otra parte, si se puede apelar esta
decisión de la Comisión, ante quien y en que plazo.
Por todo esto, planteamos a la opinion
pública nacional e internacional exigir una seria aclaración de lo sucedido.
Por nuestra parte recurriremos al Concejo de Derechos Humanos de la Naciones
Unidas y a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos para que intervengan ante el Estado
de Chile y su actual gobierno para que explique esta grave situación y, en lo
possible, exijja su corrección.
Asimismo, habrá que estudiar y analizar
la posibilidad de recurrir a los tribunals de justicia para enmendar esta
situación y lograr que se abra esta vía para la reparación a que está obligado
el Estado.
Finalmente, estos hechos ponen más de
actualidad demandas que no han perdido su vigencia, como:
Justicia plena y ahora. Juicio y
castigo a los violadores de los derechos humanos. No a la impunidad.
Verdad total de lo ocurrido con los
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Reparación integral, digna y suficiente
a las víctimas y sus familiars.
Término de los 50 años de secreto
decretado por el ex presidente Lagos que proteje la lista de nombres de criminales y torturados denunciados ante las
Comisiónes Valech 1 y 2
Que el beneficio educacional contemple
a todos los hijos y cubra el valor total de los studios.
Que la pension reparatoria sea
heredable en un 100% por el conyuge o pareja sobreviviente a la muerta del
titular.
Que se termine con la incompatibiliadad
de la pension reparatoria de prisión política y tortura con la de exoneración
política.
Que se termine con el descuento del 7%
de salud que se les hace a las pensiones de víctimas de la dictadura.
Que se otorguen recursos económicos
permanetes y destine profesionales adecuados para mejorar la insuficiente
atención del PRAIS.
Que se establezca una forma permanete
del Estado para la calificación de
víctimas de la dictadura, discutida, aprobada e integrada por las Agrupaciones
de Prisioneros Politicos y Tortura, por la Agrupación de Ejecutados Politicos y la Agrupacción de Detenidos Desaparecidos.
Finalmente, reiteramos nuestra más
amplia y decidida solidaridad con los estudiantes, los profesores, apoderados,
funcionarios de la educación que luchan por una educación pública, plena,
gratuita y de calidad para todos los niños y jóvenes de Chile y con todos los
que se movilizan y combaten por un Chile mejor.
Verdad, Justicia y Reparación
No a la Impunidad, Juicio y castigo a
los culpables
La lucha continua!!
Agrupación ex presos políticos de Chile
residentes en Estocolmo - Suecia
